Presentación en Prezi sobre Michael C Howard - Contemporary Cultural Anthropology

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Comparando y Contrastando el Contenido del Convenio 169 de la OIT y de Dos Acuerdos de Paz dentro del Tema de Medio Ambiente

L

os temas de desarrollo rural, especialmente aquellos que afectan la vida de las comunidades/poblaciones indígenas, recursos naturales y medio ambiente, así como la identidad de los pueblos indígenas han sido atendidos por diversos gobiernos, donantes, académicos y ONGs durante varias décadas a lo largo y ancho del continente americano.  Es por esto que en este espacio analizaremos un segmento del Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes como el "instrumento jurídico internacional  vinculante más completo en materia de protección a los pueblos indígenas y tribales" (OIT, 1989) y dos históricos Acuerdos, componentes clave de los Acuerdos de Paz:  Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria que nos orientarán respecto al tema de identidad y medio ambiente.

Nuestra intención es conocer cómo estos tres instrumentos legales convergen y discrepan en cuanto a la temática medioambiental y de recursos naturales, así como establecer si lo referido en dichos documentos resulta de beneficio para la población indígena guatemalteca.

Un poco de historia

Como sabemos, el Convenio 169 fue adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra en 1989 a partir de que sus miembros encontraron similitudes en varios continentes respecto a la situación de desventaja y marginación que perjudicaba a las poblaciones indígenas y tribales de sus pueblos. Hubo especial énfasis en que las oportunidades laborales y socioeconómicas eran desiguales para estos colectivos y se buscó reconocer y promover su participación como elemento fundamental para el desarrollo y progreso de las naciones.

De acuerdo a la edición en español del 2007 "los pueblos indígenas y tribales en América Latina presentan, hoy en día, los peores indicadores socioeconómicos y laborales y la discriminación laboral por origen étnico o racial agrava las brechas de ingreso de manera radical." (Edición multilingüe del Convenio 169 elaborado por la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, 2007)

Este Convenio establece primordialmente que haya participación y consulta de estos pueblos en aquellas decisiones que afecten su forma de vida, producción, acceso a  y uso de los recursos naturales, espiritualidad, costumbres  y  en general aquellas que vayan a influir en su forma de vida, para lo que deben involucrarse en los distintos pasos de proyectos y planes nacionales y/o regionales que vayan a afectarles i.e. construcción de carreteras o infraestructura, establecimiento de industrias nacionales o extranjeras dentro de las tierras que ocupan, extracción de recursos naturales, reordenación territorial, entre muchas otras.

La temática que aborda el Convenio 169 es especialmente susceptible a la realidad de nuestra historia reciente, dado que el tema de la tierra, de la exclusión y marginación, de la identidad indígena, de la distribución/concentración de la riqueza en pocas manos y de la permisibilidad de la injerencia extranjera  en cuanto asuntos domésticos fueron algunas de las razones por las que muchos indígenas se sumaron a la lucha guerrillera durante el Conflicto Armado Interno.  

Después de 36 años de conflicto se hizo necesaria la participación y coordinación de los diferentes sectores del gobierno, sociedad civil, organizaciones indígenas y Comunidad Internacional para hacer un consenso de carácter nacional que fuera, por un lado conciliatorio y por otro, que marcara el inicio de una época hacia la construcción de un Estado multiétnico, pluricultural y multilingüe basado en el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

           

Los Acuerdos de Paz buscan entonces el desarrollo socioeconómico equitativo, participativo e incluyente, que persiga el bien común, en donde participen los sectores que componen el Estado guatemalteco en la vida económica y en las decisiones políticas; que se respeten los derechos humanos de todo el pueblo, que se hagan políticas que eviten la exclusión social, que se unan esfuerzos nacionales para resolver la problemática de las tierras y se logre el desarrollo rural, y que se fortalezca el poder civil como elemento imprescindible para la existencia de la democracia y que se dé el reconocimiento de los derechos de los indígenas, quienes representan casi el 40% de la población total de Guatemala. (INDH, 2005) Todos estos elementos están contenidos en los diferentes Acuerdos de Paz y son respaldados por un marco legal. (Ley Marco de los Acuerdos de Paz, 2005)  La población indígena mantuvo una postura firme en contra de la derecha política, social y económica, así como sostuvo un fuerte rechazo a la intervención del aparato militar en los asuntos políticos.

El Convenio 169 y el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas

Partiendo de la base que el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas (AIDPI) hace referencia en su contenido al Convenio 169 de la OIT como uno de los instrumentos internacionales que le respaldan, no nos resulta complejo encontrar varias semejanzas que mencionamos a continuación:

Al analizar los elementos medioambientales en ambos documentos encontramos algunas similitudes. Por ejemplo, ambos reconocen que los pueblos indígenas tienen una conexión especial con la "madre tierra" y que las actividades relacionadas con su uso les afectan de cerca. También ambos mencionan que dichos pueblos han sido protagonistas en la relación armoniosa con la naturaleza.

Otra semejanza que encontramos es que los dos instrumentos insisten en que los gobiernos deben  consultar a los pueblos indígenas previo a tomar decisiones en cuanto a los proyectos de explotación de recursos naturales, ya sea en el suelo o subsuelo, u otros que se encuentren en las tierras ocupadas por estos. Asimismo, que los pueblos indígenas deben ser tomados en cuenta para la formulación de propuestas.

Ambos documentan apuntan a la responsabilidad del gobierno en crear la legislación para proteger el uso y acceso de estas poblaciones a los recursos naturales y hacen hincapié en que este debe crear los mecanismos/instancias para implementar dicha legislación.

El desarrollo del (de los) país (es) debe no sólo considerar, sino integrar los aspectos sociales, culturales y prácticas medioambientales de los pueblos indígenas como criterios para crear programas de avance socioeconómico, de acuerdo a estos dos instrumentos.

Estos documentos convergen también en que los pueblos indígenas pueden por derecho  participar en administrar, utilizar y conservar los recursos naturales encontrados en las tierras que habitan o que han habitado históricamente.

Los pueblos indígenas deben beneficiarse de los beneficios provenientes de aquellas actividades de explotación de recursos que tomen lugar en sus tierras.

Las principales divergencias

El AIDPI indica que el gobierno debe garantizar el derecho de estas poblaciones al acceso de recursos naturales y tierras para su subsistencia o actividades espirituales aunque no estén exclusivamente en las tierras históricamente ocupadas por estas.

Otra discrepancia es que dicho Acuerdo menciona que los derechos relativos  a la tierra de estos pueblos  deben protegerse mediante títulos de propiedad y registros y otras medidas tanto administrativas como legislativas. Es decir, introduce el elemento del reconocimiento la legalización de las tierras. Para ilustrar esto, citamos a continuación lo establecido dentro del AIDPI en el apartado Derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas:

"La desprotección de los derechos relativos a la tierra y recursos naturales de los pueblos indígenas es parte de una problemática muy amplia que se debe entre otras razones a que los campesinos indígenas y no indígenas difícilmente han podido legalizar sus derechos mediante titulación y registro. Cuando excepcionalmente han podido legalizar sus derechos, no han tenido acceso a los mecanismos legales para defenderlos." (AIDPI, 1995)

Dado que el tema de la tierra y ambiente no es abordado ampliamente en el AIDPI y para hacer más completo este ejercicio, creímos conveniente hacer también un análisis de dicho tema dentro del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, el cual abarca las consideraciones sobre la tenencia de la tierra y el uso de los recursos naturales. Haciendo la salvedad que dicho Acuerdo puntualiza sobre diversas reformas y que no aplica exclusivamente a poblaciones indígenas, encontramos algunas comparaciones que compartimos en este espacio.

El Convenio 169 y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria

Tanto el Convenio 169 como el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria mencionan la importancia de la participación de los pueblos indígenas para el desarrollo y el crecimiento económico así como para mejorar su salud, educación y su involucramiento en la conservación del medio ambiente.

Otro aspecto que comparten estos instrumentos es que fomentan el uso sostenible de la tierra y sus recursos por parte de estas poblaciones.

El Art. 8, inciso 2 del Convenio 169 establece que "Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos" (OIT, 1989); lo cual nos resulta congruente con lo que el Acuerdo guatemalteco constituye respecto al Acceso a la propiedad de la tierra (Fondo de Tierras): "La política de adjudicación del fondo priorizará la adjudicación de tierras a campesinos y campesinas que se organicen para el efecto, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad económica y ambiental." (Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, 1996)

Encontramos también que dichos instrumentos mencionan que los pueblos indígenas deben, dentro de lo posible, adquirir beneficios de las actividades y del desarrollo rurales y reconocen tanto el valor espiritual como cultural que tiene la naturaleza para los pueblos indígenas.

Otra similitud es que estos documentos impulsan a que los gobiernos brinden asistencia técnica y financiera a estas poblaciones en distintas áreas, incluida la medioambiental, para promover el desarrollo sostenible y equitativo.

Ambos coinciden en que el uso equilibrado de los recursos naturales es clave para el desarrollo de los pueblos indígenas ubicados en áreas rurales.

Al igual que el AIDPI y que el Convenio 169, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria indica que los pueblos indígenas tienen derecho a la protección de sus recursos naturales, de la producción de sus tierras y del medio ambiente. Asimismo, mencionan  que las comunidades deben participar en la toma de decisiones en lo que refiere a sus tierras. 

Discrepancias

Aunque no es incompatible con lo establecido en el Convenio 169, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria agrega un elemento interesante sobre la capacitación de las poblaciones rurales/indígenas para promover el ecoturismo, así como el manejo de los recursos naturales provenientes de la actividad forestal sostenible. También impulsa la creación de proyectos de artesanía que generen un valor agregado a los productos provenientes del bosque para PYMES.

Una diferencia encontrada fue que el Acuerdo propone crear un impuesto anual sobre las tierras ociosas o que no están siendo utilizadas así como un impuesto territorial para desincentivar que las personas posean tierras ociosas. Hace la salvedad que dichos impuestos no deberán promover la deforestación de tierras dedicadas a la inclinación forestal.

Otro elemento que establece el Acuerdo es "articular las políticas de ordenamiento territorial, y en particular la planificación urbana, con la protección ambiental." (Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, 1996)

Consideramos vinculante incluir nuestras impresiones sobre un foro al que asistimos celebrado en la sede de FLACSO recientemente sobre el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados dentro del marco del Convenio 169. Ahí sus exponentes, entre ellos una lideresa indígena y  un abogado indígena de la Procuraduría de Derechos Humanos, comentaron que la piedra angular de dicho Convenio es la consulta y que esta constituye la herramienta de lucha y la forma de expresión de los pueblos indígenas. Según ellos, las consultas deben servir para alcanzar consentimiento para la toma de decisiones y no sólo para conocer la  opinión de los afectados.

Durante la ponencia del abogado Victor Ferrigno se explicó que el marco jurídico del Estado actual no corresponde a la composición multicultural de Guatemala. Respecto al tema que nos interesa, se mencionó que no se informa a las comunidades sobre el impacto, daños o beneficios que las actividades de la industria cementera, hidroeléctricas, ingenios azucareros, siembra de palma africana o extracción minera tienen para los colectivos indígenas.

En un documento entregado durante la conferencia se hace alusión a unas recomendaciones dadas por el Relator Especial de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de las cuales citamos la siguiente:

"Sin perjuicio de la necesidad de reglamentar el deber estatal de consulta, el Relator Especial considera que debe procederse, con la misma urgencia, a la revisión de la legislación sectorial relativa a la aprobación de los proyectos extractivos y otros proyectos de inversión en la medida en que afecten a los pueblos indígenas. Ello incluye, notablemente, la Ley de Minería, que debería ser reformada para incorporar garantías específicas relativas  a la consulta y participación de reparto de los beneficios derivados de la explotación, en consulta con los pueblos indígenas."

Esto reafirma lo que tanto el Convenio 169 como el AIDPI y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria manifiestan dentro de sus textos y es que los beneficios de actividades industriales que afecten a la vida de las poblaciones indígenas deberan traducirse en mejoras en su calidad de vida y en el desarrollo de sus pueblos. Algunos los consideran oportunistas, mas nos preguntamos: sino hay forma en que el Estado garantice los servicios esenciales para una vida digna, por qué no compartir las ganancias de los recursos si se hace de manera eficiente y responsable con el medio ambiente para que los pueblos indígenas puedan organizarse como mejor les convenga? No liberaría esto un poco al Estado de sus competencias y cargas económicas?

Mapa Mental sobre Introducción de Warren

Tecpán multicolor

"Seño nos trae algo?" me preguntó Laureana, una diminuta mujer indígena con un sueter azul y sonrisa de perlas, al verme anotando en mi cuaderno verde las cosas que platicamos. Ella es madre de ocho hijos - una mujer y siete hombres- de los cuales conocí a uno, Byron, de 24 años.  Laureana enviudó hace dos años. Su esposo trabajaba en el campo. Laureana vende cerezas, tomates, hongos tipo rebozuelo, papas pequeñas y grandes y aguacates. Todos los días "abre el negocio" en el Mercado de Tecpán y me explica que los días en que más se vende son jueves y domingo. Paga cada día para que muchachos carguen sus productos desde el autobús y los lleven a la calle cerca de la entrada principal de la iglesia, donde instala su venta. Su percepción es que el tomate está más caro por la lluvia. Ella no sabe leer ni escribir, mas conoce bien la relación de los precios y el valor de sus productos. 

 

Byron estudió hasta tercero básico. El trabaja en una empresa donde hacen embutidos y productos lácteos. Yo, que soy algo "sensible" al consumo de carnes y especialmente al de embutidos, le pregunté cuáles eran sus atribuciones y si le gustaba trabajar ahí. No fue sorpresa cuando me dijo que él hace los chorizos, longanizas y otras carnes empacadas y que su trabajo "le tiene que gustar" porque es el que tiene.  Byron, quien no utiliza su traje típico,  es padre de dos hijas: una de dos años y medio y otra de un año. Esta última lo acompañaba y vestía un trajecito rosado de chumpa y pantalón, similar al que utilizan las bebés en la capital. Su esposa sin embargo, sí utiliza el traje indígena. Ella, al igual que Byron, estudió hasta tercero básico y trabaja los domingos en el mercado. El resto de la semana es ama de casa, atiende una pequeña venta de verduras que tiene en casa y los martes, jueves y sábados alfabetiza. Byron desconoce si ella recibe un salario por esto.

Conforme fui avanzando en el recorrido me di cuenta que una mujer ladina no pasa desapercibida en el lugar e ilustro el caso con una señora indígena a quien escuché  preguntar: "Y ella por qué le está preguntando tantas cosas a tu mamá pues?" Me di la vuelta y le expliqué la razón por la que estaba ahí y la invité a participar. Solo me sonrió y desapareció. Continué conversando con Otilia, encargada de la venta de zapatos, sobre su venta y la forma en que transportaba sus productos. Fue interesante mi acercamiento, porque primero me acerqué como potencial clienta. Vi varios estilos triple “b”: buenos, bonitos y baratos y me interesaron unos café sin tacón. Otilia buscó de mi talla pero no encontró.  AhÍ mismo estaba otra mujer con la que intenté iniciar conversación, pero me vio con desconfianza  y a penas logré que me contara que era de Patzún, que vendía pan y que solo llegaba a ese mercado los domingos. Al preguntarle a Otilia sobre su nivel de educación me confesó que solo había estudiado hasta tercero primaria. Le pregunté sobre los planes para la educación de sus dos niños (de 9 y 7 años) y me dijo que ellos continuarían en la escuela. Su esposo trabaja en la actividad de textiles. Conforme seguimos platicando me comentó muy contenta que cuando no está en el mercado estudia los lunes, martes y viernes en una escuela pública en donde solo llegan mujeres. Fue grato ver el ánimo de Otilia y ante todo la forma tan genuina en la que me tomó confianza. Me mostró el cuaderno con los deberes de ciencias naturales que le habían dejado en la escuela a donde asiste. Su letra era legible, redonda, bonita. En la portada del libro de texto se leía “CONALFA: Primera Etapa de Post Alfabetización”. Otilia me dijo que este año está cursando 4º y 5º primaria y que el otro año estudiará 6º. Al ver su entusiasmo le creí cuando me dijo que tiene pensado seguir en la escuela secundaria. Al preguntarle si conocía quién es Rigoberta Menchú me dijo: “Ah sí! La que quiere ser presidente.” Otilia es cakchiquel.

Cerca de la venta de Otilia se encontraba Juan. Un hombre con rasgos indígenas marcados que vestía ropa de ladino: gorra negra, camisa color salmón, gabacha y pantalones negros. Juan, hombre tzutuil atiende el puesto de pescado y camarones. Se transporta en autobús. Me explica que la gente dice que los precios varían por el IVA, por la gasolina, por el pasaje y por el “veneno” para los vegetales y frutas. El es de San Antonio Palopó y sale con su venta a las 2:30 a.m. para poder estar a las 6:30 a.m. en el Mercado de Tecpán. Nadie lo ayuda, Juan paga para que alguien le lleve sus cosas hasta el puesto. Es optimista al decirme que todo se va a vender hoy día. Yo conteniendo la respiración por el olor tan fuerte de sus productos, continué varios minutos hablando con este hombre tan interesante. Me preguntó con tono de reclamo que ya que yo era estudiante de la universidad si le podía explicar por qué estaba todo tan caro y por qué el gobierno le daba el dinero a las mujeres y de dónde salía ese dinero, refiriéndose al Programa de Mi Familia Progresa. Le expliqué que ese tipo de programas se habían implementado exitosamente en otros países de Latinoamérica y que era un incentivo para lograr que las familias llevaran a sus hijos a consulta en los centros de salud y a la escuela. Me miraba con desconfianza, pero creo que logró entenderme lo que le expuse. Juan es padre de tres hijos: una de diez, otra de seis y uno de cinco meses.  Me explica que les cobran Q5 diarios a cada puesto por poner la venta y me regala un ejemplo de cómo es su agenda todas las semanas: lunes descansa; martes va a la costa a comprar camarón y pescaditos; miércoles y jueves va a vender a Patzicía; jueves vende en Tecpán; viernes en Sololá; sábado y domingo de nuevo llega a Tecpán. Vende entre 30 y 40 libras de cada producto al día. “Todo se vende”. 

Juan es consciente y honesto y me dice que por falta de educación no puede trabajar en otro lugar. Este hombre con evidente determinación y pensamiento crítico me sorprendió al comentarme que sólo estudió hasta segundo primaria. Su esposa en cambio no sabe leer ni escribir. 

A pocos metros conocí a Jaimy Marlene, una niña indígena de diez años, quien astutamente cuando le pregunté por el precio de otros zapatos café sin tacón les subió el precio al percatarse que yo no era del lugar. Me complací mucho de la habilidad de la niña para vender, quien al final rebajó Q20 al par de zapatos y digo esto no por haberme beneficiado del negocio, sino porque me encantó la actitud desenvuelta y experta de esta pequeña. Jaimy estudia en la “Escuela Oficial Urbana Mixta 25 de julio de 1524.” Indagando un poco sobre la fecha, recordé que ese día fue nombrada la primera capital del reino de Guatemala en Iximché, Tecpán. Jaimy actualmente está aprendiendo las sílabas y las sumas de cinco cifras en su escuela. Su mamá sabe leer y escribir y concluyó estudió hasta tercer grado de primaria.

El hermano de Jaimy se acercó al verme platicando con la niña. Francisco, un joven bastante serio, vestido con jeans, t-shirt y gorra, tomó un ejemplar de Nuestro Diario y se sentó a su lado sin detener su mirada en la cliente. Intenté entablar conversación con él y me contó que estudió hasta segundo básico “porque no le dieron ganas de seguir estudiando”. Se dedica al comercio de ropa para caballero en un negocio que administra con su papá. Francisco tiene 19 años y trabaja todos los días. Al igual que su hermana Jaimy, desconoce quién es Rigoberta Menchú a pesar que tiene más escolaridad y casi el doble de edad que Jaimy.

La última entrevistada fue María Esperanza, mujer cakchiquel de 26 años. Disfruté la charla que tuvimos, pues se mostró interesada en saber mi nombre, de dónde venía, qué estaba haciendo en el Mercado y hasta me habló de “tú”. Con eso supe que tenía una puerta más abierta que cerrada, así que hice las preguntas de rutina. Ella es madre de dos niñas (3 y 2 años) y de un bebé que viene en camino. María Esperanza vive en Panabaj y llega cada domingo al Mercado de Tecpán a comprar los alimentos para la semana. Vi que en su bolsa llevaba verdura esencialmente. Para ella todo está más caro ahora. Su esposo tiene 29 años y es comerciante en Huehuetenango, a donde se va en un picop de su propiedad a ofrecer moras, fresas, güicoyitos y jocotes cuando es temporada. Ellos se casaron hace ocho años, lo cual me sorprendió, pues hubiera esperado que sus hijas fueran mayores, ya que es común que entre indígenas no se practique la planificación familiar.  María Esperanza estudió hasta tercero básico y su esposo hasta sexto primaria.

A pesar que el objetivo de estas visitas es conocer más a fondo el tema de la identidad, no puedo dejar de mencionar que uno de los hallazgos de este ejercicio fue conocer que muchas mujeres piensan que después de tener hijos, por tener cierta edad, o por ser amas de casa ya no vale la pena seguir estudiando y que la vida debe ser como la de la mayoría. Yo felicité y compartí el ejemplo de Otilia tanto con María Esperanza como con Laureana intentando sembrar en ellas una pequeña esperanza que vivir mejor se puede, si hay voluntad. 

Nuevamente me enorgullece saber que mujeres indígenas guatemaltecas como Otilia, Jaimy y Mayra de San Juan Sacatepéquez dejan a un lado esos prejuicios y poca asertividad de las personas de su comunidad para demostrar que se puede hacer una diferencia, sin importar la edad, condición social o etnia.